El descuento del 50 por ciento en el cobro del SOAT que anunció el gobierno nacional para las motos de bajo cilíndraje, autos de negocio, taxis, microbuses urbanos y servicio público urbano e Intermunicipal, ha generado controversia en el país. 

   Desde el propio sector de los motociclistas se recibió con reserva porque consideran que aún no es suficiente y otros lo califican de discriminatorio porque debería ser para todos esos vehículos independiente de su cilindraje.

  Incluso uno de sus líderes, Miguel Forero, mantuvo la orden de protesta para este miércoles que llegó al Concejo de Bogota para buscar apoyo de los cabildantes, algunos de ellos salieron a saludarlos.

   Precisamente en el Senado de la República, el senador Carlos Guevara del Partido Mira, al respaldar la medida adoptada por el gobierno, denunció que la atención a las víctimas del SOAT, se ha convertido en una mafia que mueve millones y que ha cartelizado el servicio de ambulancias y la atención en las IPS en ciudades como Bogota, Cali, Barranquilla, Cartagena y Medellin.

   Agregó el congresista que es más costosa la atención de una fractura de un pie que de manera privada puede tener un costo de 200 mil pesos en una IPS pero es facturada hasta por 600 mil pesos a través del SOAT.

    En el caso del servicio de ambulancias que nadie vigila, algunas tienen convenios con IPS , y a pesar de que haya poca distancia de un centro asistencial con el sitio del accidente, no les importa llevarlos al más lejos y cobrar tarifas hasta de 18 millones por un servicio. 

    La concejal Gloria Diaz del partido conservador, que recorre la ciudad en moto, aseguró que es una buena noticia sin desconocer que es necesario seguir trabajando en la evasión y la preparación de los motociclistas que hoy son los que más accidentes viales y víctimas ocasionan. 

    Para el Senador de Cambio Radical, David Luna, la medida es populista y lo que quiere evitar es un paro y 2o no soluciona el problema que es lograr que se venda el SOAT pero además le cuesta al fisco 2 billones de pesos.

   El ministro de transporte Guillermo Reyes defendió la medida al considerar que era una promesa de campaña que podrá cristalizarse a partir del primero de diciembre.